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El pasado día 20 pudimos leer en el diario Aragonés “El Heraldo” una noticia en la que Aramon había retirado el forfait a 21 personas y además otras cinco personas han perdido el derecho a esquiar en Formigal de por vida.

El motivo fue que, al parecer, dichos esquiadores provocaron un alud al esquiar fuera de pista pero dentro del dominio esquiable de Formigal. Los esquiadores se salieron de las pistas para disfrutar en zona fuera de pista de la  nieve polvo (powder) que había caído en los días anteriores y haciendo caso omiso de las advertencias de la estación acerca del grave riesgo de aludes que existía en esos días.

El pasado mes de febrero, de este mismo año 2.009, un snowboarder se extravió en la estación de esquí de la Molina (fuera de pista), su rescate duró más de 20 horas, y el coste del mismo se estimó que sobrepasó los 60.000 Euros, la Generalitat se hizo cargo del mismo, sin repercutir coste alguno al afectado. (Fuente: Nevasport)

En los últimos diez años los Grupos de Rescate de Montaña de la Guardia Civil han llevado a cabo 6.848 intervenciones de rescate en todo el país con un balance de 4.040 personas heridas, 7.775 personas ilesas y 810 fallecidas. En Aragón en lo que va de 2.009 se han realizado 131 operaciones de rescate en montaña, frente a 120 en el mismo periodo de 2.009. A esto hemos de añadir las realizadas por otros servicios públicos especializados. (Fuente: Radio Huesca)

A raíz de elevarse el número de rescates en alta montaña se ha planteado en la prensa, en las autoridades y en la opinión pública en general, si el coste de rescatar a un montañero o a un esquiador debe ser pagado por dicho montañero, o esquiador, o bien debe ser pagado con cargo al erario público. Es decir si la intervención de guardia civil, ejercito, protección civil, bomberos, helicópteros y medios públicos en general debe ser pagado por la persona que causa dichos gastos o si “están incluidos” en los impuestos que pagamos todos.

El esquí alpino, en las dos últimas décadas, se ha popularizado hasta límites insospechados hace varios años. Si bien no ha llegado a convertirse en un deporte de masas, como el fútbol, si que ha multiplicado por el número de practicantes activos. Sirva como ejemplo ilustrativo de dicho aumento las cifras facilitadas por la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y de Montaña (ATUDEM): en la temporada 2005/2006 las estaciones inscritas en dicha asociación tuvieron 7.165.109 visitantes, cifras impensables hace solo unos años. Otro tema sería si las actuales instalaciones con que cuentan nuestras estaciones de esquí pueden mantener este ritmo de crecimiento de venta de forfaits sin llegar a la saturación de la capacidad de sus remontes y/o sus pistas.

El casco quizá sea el elemento de la equipación de esquí/snowboard que mayor auge ha experimentado en los últimos años, pero su uso no se ha generalizado.

No puede discutirse que el uso del casco puede evitar graves lesiones craneales, cerebrales e incluso la muerte. Es por ello que las administraciones autonómicas o las propias estaciones de esquí deberían exigir a todos los esquiadores su uso. En un primer estadio debería ser la administración, quien a través de una normativa que regulara la práctica del esquí, la que debería de hacer obligatorio, sin ningún género de excepciones, el uso del casco, permitiendo a los responsables de las estaciones la retirada del forfait a aquellos usuarios que ignoren la prohibición. Si no es la administración quien regula su uso, preocupada como está en otras cuestiones políticas, deberían ser las propias estaciones de esquí las que prohibieran la práctica de nuestro deporte a quien no lleve el casco, para lo cual quedan facultados por ser las propietarias de los terrenos y remontes. Bastaría con un mero control en el acceso para que todos los usuarios fueran equipacos con casco.